El PSOE malagueño hizo una lista de funcionarios afines en la Junta

El PP exige explicaciones y, lamenta el “sectarismo socialista” y reclama que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad para progresar en la función pública

El equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga censura la lista de funcionarios afines que el PSOE habría confeccionado en la Delegación del Gobierno en Málaga con vistas a la promoción interna en la nueva legislatura, un documento que eliminaría las garantías legales y democráticas que marca el Estatuto Básico del Empleado Público en favor del “sectarismo político”, según el portavoz, Francisco Salado.

Esta demanda figura en una moción de urgencia que el grupo popular lleva al pleno ordinario de mañana martes, en la que se recoge la exigencia a la delegada del Gobierno en funciones, Marta Rueda, de que abra una investigación interna “y aparte de su cargo al responsable si fuera necesario”, afirma Salado. Además, solicita al secretario provincial socialista, Miguel Ángel Heredia, que dé explicaciones sobre el informe “y se disculpe por un comportamiento reprobable, cargado de sectarismo”.

La moción del equipo de gobierno de la Diputación considera asimismo que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, debe comparecer en el Parlamento “para dar cuenta de un documento calificado por diversos medios de comunicación como una ‘lista negra’ en la que se detallaría de forma minuciosa el cargo, nombre, filiación política y posibilidades de promoción de alrededor de 150 funcionarios”, ha dicho el portavoz.

Esta lista afectaría a trabajadores de las delegaciones de Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Educación, Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo, Salud, Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte; e Igualdad y Bienestar Social, así como a Medio Ambiente. También habría una descripción detallada del personal del Distrito Sanitario Málaga, de la Unidad Transitoria de Aguas y, por último, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

Transparencia en los procesos selectivos

Salado ha recordado que el Estatuto Básico de Empleado Público indica en su exposición de motivos que en materia de acceso al empleo público “ha sido preocupación esencial garantizar en la mayor medida posible la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto último menoscabe la objetividad de la selección”.

El portavoz ha añadido que esta lista violaría incluso el decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. “En este decreto se establece con claridad el baremo y acreditación de méritos así como el procedimiento en la provisión de puestos de trabajo que la Junta de Andalucía debe seguir en todos los casos”.

El informe se cerraría con una ‘relación de personal de confianza’ que incluye veinticuatro nombres ‘de fiar’ a tenor de la descripción que acompañaría a cada uno de los nombres. “Esto simboliza el modo de proceder de la administración autonómica en Málaga, caracterizada por la falta de profesionalidad y un acentuado sesgo ideológico”, ha denunciado el portavoz del PP en la Diputación.

Salado sostiene que la elaboración de la lista no sólo necesita un análisis pormenorizado de los funcionarios de máxima responsabilidad de la Junta de Andalucía en Málaga, sino su comparación con la relación de afiliados al Partido Socialista en Málaga. “Del listado se deduciría una sospechosa correlación entre la afiliación al Partido Socialista y las probabilidades de promoción, encontrándose un alto índice de casos donde se establece una relación directa, lo que acentuaría aún más la gravedad de los hechos”, asegura el portavoz.

Denuncia del sindicato CSI-F en la Fiscalía

Este asunto ha motivado una denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Málaga (CSI-F) ante la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía con el objetivo de determinar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos en relación a la afiliación de un partido y si, en consecuencia, se ha producido una discriminación positiva o negativa del funcionario a la hora de promocionar su carrera administrativa.

Además, hoy mismo el CSI-F ha acudido a la Fiscalía para denunciar la existencia de la lista que habría elaborado el PSOE. “El Partido Socialista debería conocer y garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen o deberían regir en las administraciones públicas a la hora de determinar la carrera administrativa de sus empleados, y no tomar como único criterio su orientación ideológica”, ha subrayado Salado.

Por todos estos motivos, el grupo del PP en la Diputación considera imprescindible que los cargos socialistas ofrezcan las pertinentes explicaciones en los ámbitos adecuados y que el comportamiento de los dirigentes de la Junta de Andalucía en Málaga se caracterice por el “cumplimiento escrupuloso” del Estatuto Básico del Empleado Público.